Tratamos al agua como si fuera infinita. No se protege, no se cuida y, en muchos casos, se la sacrifica en nombre del “progreso”. Las grandes empresas contaminan sin consecuencias reales; la minería a cielo abierto destruye ecosistemas completos; los data centers consumen millones de litros de agua para sostener un mundo digital que parece intangible, pero no lo es. Y ojo: todo consume agua, incluso tu Spotify Wrapped.
En 2022, grandes empresas tecnológicas reportaron consumos de agua de miles de millones de galones para sostener sus centros de datos y sistemas de inteligencia artificial. Ese dato no habla solo de tecnología: habla de cómo el modelo productivo actual compite directamente con comunidades enteras por un recurso vital. Imaginemos ese número hoy, en pleno auge tecnológico, con data centers multiplicándose en todo el mundo y buscando instalarse también en nuestro país, incluso en zonas con estrés hídrico.
En este punto suele aparecer el discurso de la responsabilidad individual: que cerremos la canilla, que acortemos la ducha, que seamos consumidores conscientes. Y sí, claro que importa. No porque vaya a salvar al mundo por sí solo, sino porque habla de conciencia. Pero seamos honestos:
¿Qué pasa si yo cierro la canilla al lavar los platos, pero mientras tanto una minera contamina ríos enteros? ¿Qué pasa con la lucha del pueblo mendocino, que sale a la calle una y otra vez para defender el agua? ¿Qué pasa con los grandes data centers que buscan instalarse en el sur del país aun cuando ya existe documentación que advierte sobre el impacto negativo que generan en las zonas aledañas? ¿Qué pasa con nuestros glaciares, nuestros parques nacionales y nuestras reservas de agua, cuando se impulsan cambios normativos que los dejan más expuestos al avance extractivo?
Del total del agua dulce del planeta, cerca del 70% se encuentra almacenada en glaciares y casquetes polares. En Argentina, los glaciares no son un paisaje lejano ni una postal turística: son reservas estratégicas de agua para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas, la biodiversidad y la vida misma.
En este contexto, el oficialismo impulsa una agenda legislativa que vuelve a poner en discusión la Ley de Glaciares. Es el primer paso para avanzar sobre una de las leyes ambientales más importantes que tiene nuestro país.
Nada de esto ocurre en el vacío. Cuando se avanza sobre derechos laborales, sociales o ambientales, suele hacerse de manera simultánea y coordinada. Los bienes comunes no quedan afuera de esa lógica.
¿De qué ley estamos hablando?
La Ley 26.639, conocida como Ley de Protección de Glaciares, rige desde 2010 y establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Su objetivo es claro: preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
No es una ley caprichosa ni ideológica. Es una herramienta básica para garantizar agua hoy y mañana.
Acá vale hacer una pausa. Durante el 2025, desde algunos espacios mediáticos y políticos se instaló la idea de que “lo importante es el trabajo”, dando a entender que las consecuencias ambientales son secundarias. Pan para hoy, hambre para mañana.
Pero, ¿de qué sirven puestos de trabajo que destruyen ecosistemas, agotan y contaminan recursos, y dejan territorios inviables para vivir? Sin olvidar algo central: estos emprendimientos nunca se instalan en Recoleta. Son los pueblos, las comunidades rurales, las zonas cordilleranas y los territorios históricamente postergados los que terminan pagando el costo de estas políticas.
Y nos hacemos cargo: el cuidado del ambiente es una deuda de todos los partidos políticos, incluido el nuestro. Hubo decisiones pasadas que habilitaron este modelo extractivo y con las que hoy no estamos de acuerdo. La diferencia es qué hacemos ahora.
¿Cómo se extraen minerales de forma medianamente sustentable? ¿Cómo se piensa un modelo productivo que no sea de saqueo? ¿Cómo se garantiza el trabajo sin hipotecar el agua y el territorio?
Tal vez sea momento de escuchar a las organizaciones ambientales, a las comunidades, a los equipos científicos y a los equipos jurídicos ambientalistas que vienen advirtiendo sobre estos impactos desde hace años.
¿Por qué empresas como Barrick Gold o grandes corporaciones tecnológicas pueden incidir más que las comunidades sobre la salud de nuestros ecosistemas y de quienes los habitan?
¿Qué cambios se buscan introducir?
Las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares son especialmente graves:
Reducción de los niveles de protección ambiental.
Transferencia de decisiones clave a las provincias, habilitando que definan el destino de glaciares y zonas periglaciares. Esto reemplaza criterios científicos por decisiones políticas que, en muchos casos, están atravesadas por presiones empresariales y negociados locales. Hoy, esa responsabilidad recae en el Estado Nacional justamente para garantizar un piso común de protección.
Redefinición de los presupuestos mínimos ambientales, vaciando de contenido una ley que existe precisamente para poner límites al avance extractivo.
A esto se suma otro agravante: la incorporación de Argentina al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que busca promover durante décadas inversiones en minería, petróleo y gas mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios.
Una vez más, Argentina pone los recursos y las empresas se llevan las ganancias. Pueden importar todo, no tienen obligación real de integrarse a las economías regionales y dejan beneficios mínimos para el país. Lo que queda es contaminación, agotamiento del agua y territorios degradados.
Nada de esto sorprende. Javier Milei dejó claro incluso antes de asumir que no cree en el cambio climático, que relativiza el impacto ambiental y que concibe al Estado como un obstáculo frente a la libertad de las empresas para explotar recursos.
Que en la misma agenda legislativa se discuta avanzar sobre derechos laborales y, al mismo tiempo, habilitar el tratamiento de una reforma que debilita la protección de los glaciares no es casualidad. Ese día no solo se pone en juego el suelo argentino: también la vida de quienes lo habitan hoy y de quienes vendrán.
Defender la Ley de Glaciares no es una consigna romántica.
Es defender el agua, la vida y el futuro.
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