El “ protocolo antipiquetes ” que presentó la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene como fin impedir y reprimir las protestas y reclamos sociales. Si bien argumenta que es una medida impulsada ante la “ recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito ”, el reglamento no pretende resguardar a los ciudadanos sino más bien criminalizar su derecho a reclamar. Esto fue apuntado por algunos sectores y organizaciones como ilegal porque en nuestro país el derecho a la protesta está avalado constitucionalmente. No fue casualidad que se dictara dos días después a la puesta en marcha de un plan económico que impacta en la mayoría de la ciudadanía, pero aún más en los sectores sociales más vulnerados del país. Este protocolo indica que cualquier manifestación que se lleve a cabo mediante cortes de calles y/o rutas, y que afecte la circulación del transporte y las personas, constituye un delito y, por ende, habilita a las fuerzas de seguridad a...